Todos y todas tenemos el derecho a equivocarnos y  también la oportunidad para una reivindicación. Como decía José Ingenieros, el hombre es más hombre cuantas más veces se caiga y tantas se sepa levantar. Esta afirmación no es extraña en al política donde candidatos, líderes y ciudadanos tenemos el derecho a equivocarnos y reclamamos una segunda oportunidad para poder levantarnos. De allí que el derecho a la revocatoria de autoridades no es un juicio legal en base a pruebas de delitos o denuncias penales, sino que es un proceso de reflexión en base a la confianza otorgada a quienes nos representan y administran el gobierno en todos sus niveles.

Cómo bien lo advertía Max Weber, a inicios del siglo pasado, que quienes se dedicaban a la política o bien ofrecían su vida para la política (convicción y pasión) o  lo hacían por vivir de la política (beneficio, usufructo), siendo lamentable constatar que por lo general hoy se vive de la política, y eso hace que muchas veces prime el interés personal frente a los ideales sociales. El mismo Weber decía que las cualidades de un político era; la pasión, el sentido de responsabilidad y la mesura. Hoy en día muchos políticos muestra su pasión a través de su carisma, pero no tienen sentido de responsabilidad ni mucho menos mesura, ya que no cumplen lo que ofrecen, y en caso de presentarse conflictos de interés y actos de corrupción ponen en marcha una maquinaria de agresión e insulto.

Estas cualidades exigidas por Weber a los políticos en mi opinión deben también exigirse a la ciudadanía, ya que sin ciudadanos apasionados, interesados por la política, no de aquellos que a cambio de migajas arrojan a un tacho de basura su derecho a elegir, sin ciudadanos con sentido de responsabilidad, que sólo se quejan de tener malos gobernantes, sin asumir su tremenda responsabilidad de haberlos elegido. No olvidemos que una nota desprobatoria de nuestros gobernantes, es una nota desaprobatoria de la ciudadanía. Y en cuanto a la mesura, pues necesitamos enfocar nuestras críticas en la gestión y no así en las personas, pues una cosa son los problemas y otra es los problemas, siendo una regla básica de la gestión de conflictos el no confundir la persona con el problema.

Siendo la revocatoria un proceso de reflexión sobre la confianza otorgada a una determinada autoridad, se hace necesario una evaluación profunda de los pro y los contras de revocar a una autoridad. Para ello se requiere volver a los primeros días de las campañas electorales, es decir, las promesas electorales, ya que un pueblo sin memoria, es un pueblo condenado al fracaso. Volviendo la mirada al periodo de campaña, debemos ver los cambios producidos en éste corto tiempo de un año y decir ¿Algo ha cambiado? ¿se han dado pasos importantes? ¿estamos en bien camino?, y teniendo en cuanto las promesas hechas y las acciones realizadas, debemos contestarnos a la pregunta ¿ tenemos alguna garantía que el gobernante cumplirá su palabra? ¿se justifican los cambios de propuestas? ¿podemos aún confiar en éste gobierno?. Pero no nos dejemos llevar por el conformismo de decir; para qué revocar si igual vendrá otro peor, más vale ladrón conocido que otro por conocer, etc. Hacer esto implica renunciar a nuestros derechos ciudadanos y no asumir nuestra responsabilidad, ya que lo más consecuente es decir; pese a sus errores confío todavía en éste gobierno. Todo gobierno se sustenta en la legitimidad de un pueblo, y esta legitimidad no es más que el apoyo de un pueblo a las políticas públicas. Si luego del proceso reflexivo que cada uno de nosotros hagamos y llegamos a la conclusión de revocar o no revocar a una autoridad, debe hacerlo asumiendo nuestra responsabilidad de ciudadanos, y no porque renunciemos a nuestros derechos ciudadanos, nos conformamos y simplemente no tengamos interés. Un ciudadano que sólo ejerce sus derechos políticos cada cinco años, a cambio de migajas, un ciudadano que pone a la venta su derecho a elegir, es el principal obstáculo para alcanzar un desarrollo sostenible. Una sociedad compuesta por ciudadanos sin posición política definida, sin pasión, sin mesura y sin sentido de responsabilidad, es una sociedad condenada a vivir entre las tinieblas de la pobreza tanto material como espiritual.

Sabemos que la gestión  municipal y regional de éste primer año no ha sido de las mejores, ha estado plagada de errores, pero también de aciertos. En momentos que consideramos ejercer nuestro derecho a la revocatoria, debemos pensar si estos errores pesan más que los aciertos y si tenemos aún alguna garantía que la palabra empeñada sea cumplida. La crítica que es constante no ha sido escuchada ni mucho menos rebatida por las autoridades, y un dirigente con soberbia, deja de ser un dirigente de un pueblo. La sabiduría y la humildad son dos caras de la misma moneda. De allí que también debemos preguntarnos ¿qué capacidad tienen nuestras autoridades de escuchar y responder a la crítica?.

Como vemos son muchas preguntas las que debemos responder, a fin de ejercer nuestro derecho a la revocatoria con sentido de responsabilidad. No se distraiga el debate en ataques personales, tanto  a autoridades como a personas que promueven la revocatoria, centrémonos en la gestión y tratemos de ser parte de un proceso responsable de participación ciudadana. La revocatoria no es una venganza, sino una forma de corregir nuestros errores, y si consideramos que no hay razones para revocar a una autoridad, es la oportunidad de renovar nuestra confianza. El éxito o el fracaso de una gestión depende del nivel de responsabilidad de la ciudadanía, puesto que todos somos parte del problema y de la solución, sea cual sea la posición que adoptemos.

Las campañas electorales  son como un manto de colores y esperanzas en las cuales se camuflan y esconden los verdaderos intereses y las verdaderas voluntades de quienes, con capacidad de convencimiento, se lanzan dentro de ese pozo de traiciones llamado “gobierno”. Pero cabe indicar que toda regla tiene su excepción, y así como hay quienes engañan y prometen, haciendo de la política un negocio rentable, existen también quienes responsablemente presentan propuestas de gobierno, luego de un estudio y proceso reflexivo. Lamentablemente en el contexto en el cual vivimos, muchas veces estas propuestas no encuentran respuesta positiva en los electores, ya que preferimos el populismo, las promesas y los engaños, en lugar de propuestas serias que nos digan en dónde estamos, qué condiciones tenemos y que podemos lograr en cinco años de gobierno. Cosa extraña del electorado que cada cinco años revive sentimientos de frustración, criticando a todo aquel que fue elegido por reglas democráticas. Esta crítica y rechazo es en suma también una auto crítica y un auto rechazo, puesto que nosotros como electores somos tan responsables como los políticos de los fracasos y engaños. Una nota desaprobatoria de un gobierno es una nota desprobatoria de la ciudadanía.

A casi medio año de gestión del Presidente Ollanta Humala, revivimos este sentimiento de frustración, quienes al menos dimos el beneficio de la duda frente a sus propuestas de una gran transformación, que implicase la misma restructuración de las relaciones de poder y el reparto equitativo (ojo no me refiero al comunismo o socialismo) justo y con inclusión social, el cual había pregonado a los largo de su campaña. Coincido con muchos analista que como Sinesio López (ex asesor de Ollanta Humala) que esta propuesta de transformación se fue perdiendo, y al puro estilo del camaleón fue cambiado de color y de contenido durante el procesos electoral de la segunda vuelta, estableciéndose alianzas con líderes de la derecha y personalidades de un libre mercado agresivo, como es el caso de Mario Vargas LLosa y presionado por un poder mediático, al cual no lo interesa “la gran transformación” ya que ésta implicaría el cambio del status quo y con ello la pérdida de sus privilegios. Un cambio de gabinete y de asesores que de una u otra forma representaban el soporte ya sea intelectual o técnico en aras de una gran transformación, marca el proceso de renuncia a lograr dicha transformación y en ese sentido el nuevo Premier Oscar Valdéz declara que no se tiene las condiciones para la gran transformación, y que ésta no se logrará en cinco años de gobierno. Al parecer quieren mantener las cosas como están y quizás a finales de su periodo decir que están trabajando en la “gran transformación”, para de ésta manera vender al electorado una vieja promesa renovada, y por la cual no han hecho el más mínimo esfuerzo.

Si bien es cierto que se han iniciado programas de inclusión social como Pensión 65, Cuna Más y otros, pero se sigue considerando a los pobres y excluidos como objetos de ayuda y no como sujetos del cambio y la gran transformación. Los pobres y excluidos también tienen un punto de vista, una visión y una misión, y no es congruente hablar de inclusión social, cuando se pretende imponer un modelo de desarrollo, generando conflictos sociales, como es el caso del Proyecto Conga.

La globalización ha traído consigo la pérdida de una identidad ideológica y política, siendo lo común el recurrir al pragmatismo ideológico o el realismo político, que implica el ubicarse en el centro, lugar desde el cual uno se puede mover a la derecha o la izquierda moderada, dependiendo de las circunstancias, y sobre todo sin asumir una posición e identidad definida.  Así vemos a Ollanta Humala junto a al Presidente Venezolano Hugo Chávez (quien dicho sea de paso tampoco es congruente ni definido, pues habla de inclusión y respeto, pero desprecia y persigue a quienes no piensan como él) hablando de la unidad y la inclusión en un desarrollo progresista, pero de vuelta a Lima se encuadra en su gabinete conformado por conservadores y bajo la presión de las grandes empresas y medios de comunicación, los cuales le meten miedo con las sifras de aprobación. Al parecer Humala no entiende (como la mayoría de políticos) que toda transformación requiere de sacrificios y confrontaciones. La diferencia entre la revolución y un motín lo establece el fracaso de las propuestas de cambio.

En el Perú existen dos grupos poderosos de lobbistas. El primero es  el sector industrial y extractivo, que hasta ahora impiden por ejemplo que se apruebe una ley que obligue a los accionistas vender sus acciones en el Perú, y no como sucede ahora que las acciones de empresas que se encuentra y producen en el Perú se venden en el extranjero, debido a que el impuesto a la ganancia de capitales es mayor en el Perú que en otros países. Por éste concepto el Perú deja de percibir cientos de millones de dólares americanos. Y el segundo grupo está en el sector educación, que logra que el Congreso de la República apruebe la creación de universidades e institutos superiores. La educación no tiene calidad y es discriminante, ya que sea crean universidades privadas sin criterios de calidad, y qué decir de la formación integral de profesionales, ésta no existe. Siendo así que estos grupos conservadores dominan el sector productivo y formativo del país, no es posible la existencia de una ciudadanía activa, responsable y consecuente con sus principios. De allí que quienes nos representan son el resultado de nuestras deficiencias. Es por esoo que recordando a Sir George Bernard Shaw decimos que los políticos y los pañales se han de cambiar a menudo… y por los mismos motivos. Lo lamentable que no sólo cambiamos políticos, sino el propio ejercicio de la ciudadanía, ya que ésta no es consecuente y no esta formada, en su mayoría, por principios y valores sólidos. Creemos que ser ciudadanos es ir a votar cada cinco años. Ojala aprendamos a ser mejores ciudadanos y no cambiemos políticos por los mismo motivos que cambiamos pañales.

Nadie puede negar lo brillante y valeroso del actuar de los comandos del Ejército del Perú, que por medio de una estrategia bien planificada y poniendo en riesgo sus propias vidas, lograron salvar más de setenta rehenes de la Embajada del Japón en Lima en el año 1997. Esta operación militar catalogada como una de las más exitosas en el mundo, se tiñe hoy por una duda pendiente de aclaración judicial, que ha merecido la denuncia por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos  ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya que el Estado Peruano no ha investigado la presunta ejecución extrajudicial de tres terroristas, luego de que estos se hayan rendido y no implicaban amenaza alguna para los valerosos comandos.

Si analizamos en retrospectiva lo sucedido el  22 de abril de 1997, fecha en la que se ejecuta la operación de rescate de rehenes “Chavín de Huantar”, la imagen de valentía y entrega capta nuestro interés los primeros minutos del asalto a la Embajada, mediante una acción militar bien planificada y la alegría inmensa de ver a los rehenes saliendo con vida, y siendo el saldo de un rehén muerto por herida profunda de bala y dos comandos caídos en acción. En lo que respecta a los terroristas secuestradores el saldo es de “todos muertos”. Luego de estas cortas imágenes se pasa a escenas macabras de un Presidente de la República paseándose entre cadáveres, cual ave carroñera que muestra su gozo de mostrar presas cubiertas de sangre. Se hacen revelaciones de un obispo que mediante el auxilio de llevar la palabra de Dios, se dice que también llevo la voz de los rehenes a los militares, ya que llevó consigo micrófonos escondidos en biblias en sus visitas pastorales. En fin en una situación de ayuda humanitaria extrema, todo medida era válida.

Terminada la acción militar exitosa se procede a enterrar los cuerpos de los terroristas a ocultas, sin dar aviso a sus familiares y sin la mínima intención de transparentar todo lo que paso en la Embajada del Japón los últimos minutos de la operación militar. Esta conducta de enterrar a los terroristas bajo un hermetismo y secretismo cómplice, no hacía más que poner en evidencia la intención de ocultar un crimen (ejecución extrajudicial de terroristas rendidos). Sólo el asesino esconde a su muerto, pues quien no se siente culpable y considera que ha actuado conforme la dignidad humana, no tiene problemas en mostrar su actuar.

Hoy el caso revive gracias a una denuncia de la Comisión Interamericana y ha levantado una cruzada al más alto nivel del poder, a fin de evitar el juzgamiento de los comandos por el delito de ejecución extrajudicial, bajo el argumento de que ya la justicia militar ha archivado el caso (argumento que lo rebatirá la Corte Interamericana, pues la justicia militar no es competente para conocer de estos delitos) o que el proceso esta en investigación y pronto se ha condenar al ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos por éste delito como autor intelectual, argumento también contradictorio, ya que si existe un proceso en curso, en el que presumiblemente se condenará a Montesinos como autor intelectual del delito de ejecución extrajudicial, deberá el Estado Peruano responder a la pregunta: ¿qué hay de los autores materiales? Ya que conforme a la jurisprudencia de la Corte Interamericana, la investigación judicial debe ser seria, eficiente (destinada a encontrar la verdad legal) e imparcial (libre de intereses particulares), situación que no se daría en el caso de que Montesinos sea condenado por el delito de ejecución extrajudicial, y no existan autores materiales del mismo. Asimismo pondría en una posición ridícula al Ejercito Peruano, que bajo el poder “ilimitado” de Montesinos, cometió por órdenes de éste una serie de delitos. Esperamos que el propio Ejército del Perú, en memoria de los tantos héroes que tenemos, recupere su dignidad, separando el trigo de la paja, y que sean los primeros interesados en que la justicia ordinaria llegue a una verdad legal, y no se refugien bajo las sombras del gobierno, ya que un comando no sólo esta preparado para disparar su fusil, sino para asumir sus responsabilidades y defender su conducta, bajo la convicción de actuar en pleno respeto a la dignidad humana. Pues quién nada debe nada teme, y no creo que lo valiente se termina cuando se menciona la palabra “expediente judicial”.

Decir que las ONGs defensoras de los Derechos Humanos y el sistema interamericano de Derechos Humanos se dedican “sólo a defender terroristas”, resulta errónea, ya que todos somos parte del Estado y todos tenemos el derecho a la vida y la obligación de respetar la vida de los demás. Pese a la existencia de ideologías y extremismos criminales, no puede el Estado responder la violencia con mayor violencia frente a sus propios ciudadanos, especialmente cuando el uso de la violencia por parte del Estado es desproporcional. Así la Corte Interamericana ha establecido; [e]stá más allá de toda duda que el Estado tiene el derecho y el deber de garantizar su propia seguridad. Tampoco puede discutirse que toda sociedad padece por las infracciones a su orden jurídico. Pero, por graves que puedan ser ciertas acciones y por culpables que puedan ser los reos de determinados delitos, no cabe admitir que el poder pueda ejercerse sin límite alguno o que el Estado pueda valerse de cualquier procedimiento para alcanzar sus objetivos, sin sujeción al derecho o a la moral. Ninguna actividad del Estado puede fundarse sobre el desprecio a la dignidad humana[1].

Por lo tanto el Estado esta obligado a garantizar la vida de sus ciudadanos, de recuperarlos e incorporarlos en una sociedad más democrática, ya que la criminalidad en un Estado no se combate con la construcción de más cárceles o con ejecuciones extrajudiciales. Si aceptamos que el Estado puede hacer uso de una violencia desproporcional en unos casos, se deja abierta la posibilidad de su uso indiscriminado, y esto lo convierte en un Estado salvaje donde prima la ley de la selva y del más fuerte.

Para que el Ejército Peruano sea valeroso y digno, es necesario que sus actos no sólo sean valientes, sino también decentes, y esto implica la existencia de un Ejército que conviva con su sociedad y Estado bajo los principios de justicia y equidad, y sobre todo en el respeto irrestricto de la dignidad humana. Que la decencia de actuar valientemente se imponga frente a una valentía indecente.

Se esta por terminar el año 2011 y el panorama judicial en el Perú esta más interesante que nunca, pues por un lado se viene dando más credibilidad a los rumores de una solicitud de indulto, por razones humanitarias, en favor del ex Presidente Alberto Fujimori, quien padece de una enfermedad terminal y pretende terminar su últimos días al lado de sus seres queridos. Por otro lado se viene descubriendo más fosas comunes con cientos de restos de personas que fueron ejecutadas extrajudicialmente, en las zonas alto andinas de la provincia de Huanta, Departamento de Ayacucho, se siguen matando militares en emboscadas narcoterroristas en el VRAE y ahora se suma la crisis provocada por la denuncia por parte de la Comisión Interamericana de DD HH. (CIDH) al Estado Peruano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por el caso de los Comandos de Chavín de Huantar, quienes en la operación de rescate de los rehenes en la Embajada del Japón en Lima (1997) presumiblemente ejecutaron extrajudicialmente a tres miembros del MRTA, cuando estos ya se había rendido.

La Comisión demanda a que el Estado Peruano, juzgue a los militares en la jurisdicción ordinaria, ya que la jurisdicción militar no resulta válida. Este hecho a merecido el pronunciamiento de algunas personalidades, como es el caso de Monseñor Bambarén, que ha calificado la denuncia como “injusta”, ya que según él debería la Comisión entender que las FF AA también perdieron dos de sus integrantes (parece que a Monseñor le parece correcto la frase ojo por ojo diente por diente) y por su parte el ex Presidente del Tribunal Constitucional de Perú, Alva Orlandini, ha dicho que respalda la posición del Perú de rechazar la denuncia y pedir la revisión de las competencias de la Comisión, ya que lo sucedido en la Embajada del Japón fue entre dos grupos armados y por lo tanto son Delitos de Función, válidamente juzgados por el fuero militar. Al parecer Orlandini ha olvidado todo su trabajo en el Tribunal Constitucional, ya que fue el mismo TC que en el Expediente Nº 017-2003—AI/TC, establece los criterios jurídicos en los cuales debe interpretarse el Delito de Función atribuible a los integrantes de las FFAA y PNP, siendo estos; a) que el sujeto activo debe ser un militar en actividad; b) que el delito debe haberse cometido en acto de servicio o con ocasión de él; y c) principalmente, que se afecten bienes jurídicos propios y particulares de las Fuerzas Armadas. Y siendo la vida un bien jurídico protegido por los derechos humanos y no es propio de las FF. AA, resulta justo que los militares sean juzgados por el fuero ordinario, y si es que cometieron ejecuciones extrajudiciales, pues deben ser llevados al fuero ordinario, donde mediante un debido proceso debe establecerse la culpabilidad o su absolución.

Resulta contradictorio como hoy se alzan voces en contra las organizaciones que defiende los derechos humanos, acusándolas de “defensoras de terroristas”, pues estas mismas organizaciones levantaron su voz cuando Fujimori cometía violaciones contra los derechos humanos, y estas mismas organizaciones era elogiadas por su trabajo por parte de quienes hoy las critican (falta de congruencia y principios, la defensa de los Derechos Humanos no se acomoda a los intereses personales). No se puede cubrir de impunidad los delito cometido por miembros de las FF AA, por más heroico de su accionar, ya que si se permite bajo el argumento de la heroicidad y lo valeroso que fueron los comandos en su actuar,   que sus crímenes queden impunes, se estaría admitiendo jurídicamente que el Estado y las FF AA pueden cometer violaciones contra los Derechos Humanos, sin responsabilidad alguna. De ser así no se tendría un Estado que reconoce, protege y garantiza los Derechos Humanos, sino un Estado que legitima el abuso bajo un supuesto patriotismo, heroicidad y valor. Siguiendo el argumento de  Alva Orlandini todo lo sucedido en el Perú durante el conflicto social (1980-2000), diríamos que fue en un escenario promovido grupos armados y por lo tanto fueron Delitos de Función y de acuerdo a Monseñor Bambarén, hay que absolver a los policías y militares, pues también ellos sufrieron bajas.

Si queremos los peruanos y peruanas reconciliarnos, debemos asumir nuestras responsabilidades y llegar a la verdad de los hechos, ya que no se puede perdonar a quien no se conoce. Mientras la verdad sea cubierta por impunidad, ya que lo que hicieron los militares y policías en los años de violencia social fue un exceso (por diversas razones; no se conocía al enemigo, no se conocía los elementos culturales de las zonas convulsionadas, etc.) y al parecer se cometió también abuso en la Embajada del Japón, y es justo que respondan por sus hechos. Veremos cómo resolverá la Corte Interamericana de Derechos Humanos éste caso, y también veremos como resuelve el Tribunal Constitucional, en el primer trimestre del 2012, las acciones de habeas corpus en casos como el de Accomarca y el Frontón. Ojala que prime la justicia y se llegue a la verdad de los hechos, para no ser un pueblo condenado a cometer los mismos errores.

Volviendo al indulto de Fujimori, resulta humano el permitir que una persona con una enfermedad terminal concluya sus últimos días  con sus seres queridos. Al margen de las voces que se alzaron en favor del indulto como es el caso del ex Presidente Alan García (que se acogió a una prescripción de la acción penal) o del Monseñor Cipriani (confesor y colaborador de Fujimori en su decenio) hay que entender que el indulto es un acto de humanidad en favor de un condenado. Pese a que las víctimas de sus actos aún no han logrado justicia y menos recuperado su dignidad de persona, como es el caso de las mujeres sometidas a fertilizaciones forzadas, los desaparecidos, los torturados, quienes han encontrado algo de justicia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (hasta la justicia nacional es indolente o mejor dicho incapaz, sino que respondan ¿porqué perdemos todos los procesos en sede internacional?). A pesar que la víctima sigue siendo víctima habrá que indultar al culpable.

Finalmente no estoy de acuerdo con los que se oponen a un indulto de Fujimori, bajo el argumento de perder la lucha contra la corrupción, pues Fujimori no es la corrupción en el Perú, sino un producto de ella, ya que la corrupción sigue con la misma fortaleza que cuando Fujimori era Presidente. Por lo tanto, que Fujimori sea indultado o no, no tiene nada que ver con la lucha contra la corrupción.

El índice de percepción de la corrupción 2011 elaborado por Transparencia Internacional, no resulta tan alentador en la lucha contra la corrupción. Si bien dicho índice establece que no puede utilizarse sus conclusiones para decir si un país es más o menos corrupto, y que tampoco se puede realizar una interpretación comparativa de un mismo país en distintos años, toda vez que las preguntas pueden varias, así como el tamaño de la muestra, como sucede por ejemplo en esta oportunidad con la inclusión de cinco nuevos países en la muestra, hecho que afecta la ubicación de un determinado país en el ranking del índice. Pero resulta válido para analizar el proceso evolutivo de los países en cuanto a la efectividad de las medidas adoptadas en la lucha contra la corrupción.

Es notorio que el índice de percepción de la corrupción, resulta mayormente negativo cuando se aplica en países que están sumergidos en procesos electorales o cambios de gobierno, como es el caso del Perú, ya que son en estas épocas, donde el control ciudadano y la vigilancia de los organismos del Estado, como es el Parlamento, se concentran en evaluar a la gestión saliente, y establecer condiciones a la gestión entrante. El gran reto de la lucha contra la corrupción es que esta auditoría ciudadana y el control del mismo Estado sea permanente.

El reciente índice de percepción de  la corrupción, pone en evidencia lo poco transparente que resulta la gestión  pública, pese a los esfuerzos por regular y establecer canales de accesos a la información pública. Esta falta de transparencia es innegable por ejemplo en momentos de crisis económicas, donde incluso las reformas planteadas por la Unión Europea en relación a Grecia, no fueron sometidas a referéndum y se discuten y aprueban las políticas económicas, en un recinto privado, al igual que las reformas “democráticas” en el mundo árabe, donde  los resultados de las olas de protestas, no terminan, sino se transforma en un descontento contra un nuevo orden que no responde a sus aspiraciones ciudadanas. Con poca transparencia de la gestión pública, todo acto de reforma resulta un cambio momentáneo y nada sostenible. Los informes de Desarrollo Humanos desde hace unos años viene insistiendo en la necesidad de cerrar las brechas entre el Estado y la sociedad civil, de acerca más el Estado a su sociedad, y este hecho no es sólo la promulgación de leyes de acceso a la información o leyes de participación ciudadana, sino va más allá. Se requiere de un cambio de actitud del mismo Estado, que pase de ese rol pasivo de esperar las protestas y el descontento social,  a ser un Estado activo y pro activo en cuanto a la conflictividad y el descontento social. No resulta eficiente un Estado como el Peruano, que espera día tras días, muerte tras muerte, para recién llegar a acuerdos , que con un poco más de voluntad y buena información si hubieran llegado a gestionar positivamente de forma temprana, sin dañar la legitimidad del propio Estado.

La existencia de leyes de acceso a la información pública, leyes de participación ciudadana, comisiones de alto nivel anti corrupción, códigos de ética, sanciones más drásticas por delitos de corrupción, e incluso un ministerio anti corrupción, como es el caso de Bolivia, no es una garantía para una eficiente lucha contra la corrupción. De allí que la necesidad de una mayor transparencia requiere de una conducta de los funcionarios, empleados y autoridades del Estado, que vaya más allá de lo establecido por ley. No podemos olvidar que gran parte de la corrupción se produce justamente cumpliendo la ley, por ejemplo; el funcionario que debe emitir una resolución, lo hace conforme a sus atribuciones y respetando el procedimiento adecuado, pero a cambio de una coima, a fin de que dicha resolución se agilice en relación a otras solicitudes (las leyes de procedimiento establecen plazos, y la lista de espera de los documento no resulta ser rígida, dejando siempre un espacio para la interpretación y la decisión del funcionario). El hecho de ir más allá de los parámetros legales, implica transparentar la gestión en su conjunto, en áreas especialmente sensibles como es la contratación de personal y la adquisición de bienes y servicios. Hay una tendencia a utilizar los puestos de confianza como una forma de pagar favores, al igual que en materia de adquisiciones de bienes y servicios se favorece a ciertos proveedores a cambio de coimas, incluso una tendencia a declarar dichas compras en situación de emergencia, a fin de evitar un proceso regular de compras. Aquí lo que se trata no es que el funcionario o autoridad tenga la libre disponibilidad de contratar a quien quiera, o de comprar de quien quiera, sino que debe primar el interés superior del Estado y la sociedad, lo cual implica que pese a tratarse de puestos de confianza o de compras en situación de emergencia, se debe resguardar el principio de legitimidad y confianza, lo cual implica que el servidor contratado no sólo debe gozar de la confianza de la autoridad, sino de la misma sociedad, y en el caso de los proveedores, debe generar la confianza tanto en el Estado, la sociedad y en mercado, de que los procesos de adquisiciones de bienes y servicios se llevan a cabo libres de corrupción.

Sobre el tema de las empresas y el mercado es interesante el último indice del pago de coimas 2011 de Transparencia Internacional, en la cual se analiza a 28 países de mayor desarrollo económico, donde se destacan que China y Rusia son los países, cuyas empresas, pagan mayores coimas. El cálculo promedio de coimas a nivel mundial se calcula en miles  de millones de dólares, y en los sectores que mayor coima se producen son en la contratación de servicios y la construcción. Se recomiendo que los Estados tengan mayor control y sanción sobre sus empresas internacionales, así como que las mismas empresas vayan más allá de una declaración de principios o códigos de ética, a la implementación de un sistema de control para el descubrimiento, el procesamiento y la sanción de casos de coima. En el caso de la cooperación internacional, la última conferencia mundial sobre cooperación llevada a cabo la semana pasada en Busan,  Corea del Sur, también ha puesto en evidencia la necesidad de mayor transparencia.

El problema de corrupción no distingue fronteras ni clases sociales, y si la transparencia es una forma de combatirla, estamos llamados todos, Estado, sociedad civil y mercado, a ser más transparentes, pues el enemigo común que tenemos (la corrupción) no requiere de negociaciones secretas ni tratos a puerta cerrada, ya que no es un secreto de estado. Por ello, nuestras autoridades deben ir más allá del marco legal que establece derecho y obligaciones, transparentando su conductas, mostrando sus verdaderas intenciones y no de aquellos ciudadanos que son a veces candidatos, a veces autoridades, a veces ciudadanos, cambiando su discurso y forma de ser, cual camaleón en medio de la selva. Transparentar la administración pública, implica un profundo respeto por la función que uno desempeña e implica sobre todo la capacidad de construir un sistema democrático donde no se admiten las medias verdades ni los acomodos. El día en que el hombre no cambie de fachada y no busque su acomodo renunciando a sus principios y valores, el día en que un candidato diga abiertamente que no dará a trabajo a los que apoyen su candidatura y voten por él, el día en que el empresario venda sus productos sin coimas, ese día se podrá hablar de transparencia.

La evidente afirmación de que el Perú es un país minero, hoy en día se confronta con otra afirmación, que en la minería y en el progreso peruano nunca ha habido y no hay inclusión social. Las explotaciones de metales preciosos desde la colonia ha significado la masacre de los pueblos, el despojo de sus minerales y el desprecio por parte de quienes hoy en día se hacen llamar el mundo desarrollado. Es deprimente visitar la catedral de Sevilla en España (la más grande del mundo por su extensión) y ver el oro y la plata por sus suelos y paredes, adornando un recinto, que en nombre de la cruz, la fe y la esperanza, arrancó de las venas de América Latina esos metales precioso que despertaron la codicia de hombres que pasaron a la historia como conquistadores y adelantados, cuando en realidad fueron asesinos y bandas de criminales internacionales. Cosa extraña en la historia que siendo la codicia un pecado, no lo fue cuando se trató de explotar metales preciosos para adornar templos, ojala que un día la iglesia católica cambie el oro y la plata por la dignidad. Pero en fin no vamos a referirnos a cuestiones existenciales ni generar un debate filosófico.

Esta codicia por el oro no ha cambiado y hoy en día en medio de turbulencias económicas, países como los de la Unión Europea y China están en una carrera sin límites por acumular la mayor cantidad posible de oro. Es común encontrar anuncios publicitarios, promoviendo el ahorro en oro, incluso con deducción de impuestos, ya que es un metal que mantiene su valor. Y si nos preguntamos por qué el oro sube tanto de precio y se hace más atractivo en épocas de crisis,  la respuesta es que el orden capitalista así lo ha impuesto, y a este sistema se adapta aquellas potencias socialistas o comunistas, pues es el juego del mercado, y sino tienes oro estas fuera.

Las potencias económicas buscan a cualquier precio extraer los metales y dejar miserias en los países productores. Se dicen que invierten millones y millones de dólares, pero ese dinero saben muy bien que se devalúa y ellos se llevan y se quedan con un metal, al cual han colocado en el pedestal del capitalismo, y pase lo que pase seguirá manteniendo su valor. Los países pobres que tienen el oro necesitan el dinero para comer, mientras que los países ricos necesitan el oro para mantener su hegemonía. Si el Perú con toda su riqueza de oro sabría capitalizarse y mantener dicho oro como garantía de sus divisas, pues hace rato hubiera llegado al lugar de potencia económica. Pero la práctica ha sido la de abrir las puertas a los inversores, bajo el lema de dejar hacer dejar pasar y ha experimentado desarrollos fugaces como cuando exportaba el guano y el salitre, el oro de Cerro de Pasco, la Oroya y otros tantos yacimientos, que hoy en día son un monumento al engaño, la pobreza y el retraso.

El gobierno actual ha centrado sus esperanzas para lograr un proceso de inclusión social y distribución más justa de la riqueza, en las utilidades de la minería, cosa más difícil, ya que pretenden sacar más dinero de un proceso de explotación que no ha sido y no es inclusivo ni social ni económicamente. Veamos el caso del proyecto Conga en Cajamarca. Cajamarca vive desde hace 18 años una actividad minera intensa y hoy en día tiene las reservas más grandes del mundo en oro, pero es el quinto departamento más pobre del Perú.  Ojala que no corra el riesgo de la Oroya, otrora fuente de riquezas, considerada hoy en día el sexto lugar más contaminado del mundo. Pero volviendo a Cajamarca, se tiene a la empresa Yanacocha que planea ejecutar el proyecto Conga con una inversión de cerca de 4, 800 millones de USD, pero que de acuerdo a sus propias proyecciones tendrá una utilidad de más de 10,000 millones de USD y generará 6 000 puestos de trabajo.  El enfrentamiento se ha reducido a la lucha entre el oro y el agua, ya que se pretende destruir lagunas naturales y construir en su lugar reservorios, a este paso si se encuentra oro debajo de la ciudadela de Machupiqchu, pues la propuesta será de construir una nueva ciudadela, ese en el nivel de codicia. No se quiere entender que las lagunas son formaciones naturales, que en conjunto con los cerros forman un ecosistema y que los reservorios representan modificaciones y alteraciones a dicho ecosistema. Además se tiene la falta de socialización del proyecto, pues el Estudio de Impacto Ambiental resulta un documento muy grande (miles de páginas) y fue elaborado por Knight Piésold Consultores S.A, una empresa de origen sudafricano que viene trabajando con la empresa Yanacocha desde hace más de 14 años, y aquí ya se pierde todo criterio de objetividad, puesto que en una relación de negocios de tantos años, ya se genera una dependencia y lo que se busca es llevar a cabo un proyecto, que a larga implica más años de negocios entre Yanacocha y la empresa consultora.

El Presidente de la República, en su afán de dar señales positivas a los inversores a dicho que el proyecto Conga va para adelante, pero que por las protestas sociales, ha ido cambiando su discurso que incluso en el Congreso de la Confederación de Comunidades Campesinas trato a las empresas mineras de haber sido irresponsables socialmente. Esta ambivalencia no le sirve a un gobierno que partió con el lema de la inclusión social, y que hoy se pierde entre sus dudas sin asumir una posición firme. El Presidente ha dicho que garantizará agua y oro, afirmación que nadie le cree, y no es por que la gente sea paranoica, sino porque la memoria es fuerte. Veamos, el Estado nunca indemnizó a los afectados por la minería en el Perú, casos de Cerro de Pasco, la Oroya, las tortura en el Proyecto Rio Blanco en Piura, quienes tuvieron que recurrir a un tribunal en Inglaterra para pedir justicia e indemnización. En resumen el Estado Peruano nunca asumió su responsabilidad de la garantizar la vida, la salud y el ambiente de las poblaciones afectadas por la minería, sino que siempre mantuvo su posición pasiva y de expectante cuando los pueblos se enfrentaban social y judicialmente a estas empresas mineras. Con esa negativa experiencia cómo puede el Presidente actual decir que ha de garantizar agua y oro. ¿Quién le ha de devolver la vida, dignidad y salud a un pueblo afectado por la minería, cuando esos millones de dolares en inversión se agoten en la burocracia y quizás en el gasto social, y no tengamos nada de oro para garantizar las divisas?

Si se quiere iniciar un proceso de inclusión social no sólo en la minería sino en toda actividad productiva, es necesario escribir un nuevo pacto social, donde todos y todas tenga la oportunidad de plantear sus necesidades, prioridades y esperanza,  y terminar con esa vieja práctica colonial de dictar las condiciones y reglas del desarrollo. Los pueblos no son objeto de desarrollo, sino sujetos de su propio cambio. Hacer este nuevo pacto social implica un cambio de reglas a nivel constitucional, y sino están dispuestos quienes dictan las reglas de desarrollo, imponiendo un modelo de cambio con el adorno de frases inclusivas, tampoco lo estarán las poblaciones afectadas. El problema es mucho más complejo que la disyuntiva oro versus agua, pues implica exclusión, discriminación, explotación y abandono. Ojala que el gobierno recapacite y asume con firmeza un rol más inclusivo, pero con condiciones y reglas claras. No estoy en contra de la inversión, ya que ésta es necesaria, pero si en contra de aquellas inversiones que roban y explotan, y también de aquellos gobiernos que mienten y dejan morir a su gente a cambio de unas monedas pasajeras.

La alarmante noticia que se daba hace alguno meses atrás, de que en el departamento de Ayacucho, lo denuncios mineros se habían incrementando en más de un 300%, hoy retornan al debate político y la agenda social en forma de conflictos sociales, los mismos que requieren de un tratamiento integral, y no como se pretende ahora con “mesas de diálogo”, estar apagando las chispas momentáneamente, para luego tener el placer de ver el gran incendio.

Al parecer se sufre del cortoplacismo en la gestión de los conflictos sociales. A nivel nacional se dice que las protestas antimineras son un grupo minoritario, ante el cual el Estado ha de actuar radicalmente (conforme a las recientes declaraciones del Primer Ministro Lerner), y que una solución es incluir a las comunidades como dueñas de las acciones mineras. Pero no quieren ver que: Primero; los conflictos sociambientales (que implican los recursos mineros) son los mayores conflictos en el país, y esto es una constante conforme a los reportes periódicos que publica la Defensoría del Pueblo sobre conflictos activos y latentes en el Perú. Así que eso de “grupos minoritarios” está fuera de realidad. Segundo; tratar de reducir el problema de la minería formal e informal, los recursos naturales y el medio ambiente a sus términos económicos y utilitarios es un error. Pues las comunidades campesinas y pueblos afectados por la actividad minera, sea formal e informal, no se reduce a la solución de ser dueña de las utilidades, sino que implica un problema mucho más complejo, que involucra; la seguridad alimentaria, la conservación de su medio ambiente, su seguridad social; su independencia y la experiencia de haber sufrido abandono, daños y explotación de sus recursos naturales. Para entender la problemática antiminera, es necesario revisar la historia y no solamente ver el futuro con optimismo, ya que muchas heridas abiertas, aún no han curado y es necesario construir de nuevo el tejido social entre el Estado, la sociedad civil y las empresas. Además que la problemática antiminera tiene otros componentes como son; la falta de empleo, la falta de oportunidades, el centralismo excluyente del poder en la capital y las grandes ciudades, y la falta de respeto, protección y garantía de sus derechos humanos y fundamentales. Todos estos componentes se reúnen en la protesta antiminera, y de allí que sea necesario desmenuzar dichos componentes, a fin de llegar a los verdaderos intereses de las partes en conflicto. Un regla básica en la gestión de conflictos es el tratamiento del mismo en base a los intereses de las partes (que responde a las preguntas; por qué y para qué), que a diferencia de las posiciones (que representa lo que somos y no lo que realmente queremos o para qué lo queremos). Esta regla básica no está siendo aplicada, ya que de lo que vemos, se gestionan los conflictos sociales en base a las posiciones (poder estatal, poder empresarial, poder social) y se pretende dar solución a la protesta antiminera, con calmantes de dolor momentáneo, y no se hace nada por evitar los problemas mayores que vendrán en un futuro no muy lejano.

Para el caso de la minería informal, la problemática no se reduce a concesiones de tierras por parte de comunidades o empresas, y evitar de esta manera conflictos sociales. Es necesario analizar la informalidad en su real dimensión, y no sólo como una forma de trabajo para familias que tienen necesidad de mantenerse económicamente. Todos necesitamos trabajar y todos estamos obligados a hacerlo conforme a ley, ejerciendo nuestros derechos y cumpliendo nuestras obligaciones. Algo que no concuerda con este discurso de que la minería informal es por causas de necesidad, ya que son gente pobre (se dice que hay cerca de 30000 personas que se dedican a la minería informal), es que la minería informal mueve millones de USD, tienen los recursos para instalar sus máquinas perforadoras o dragas y puede deforestar la Amazonía a una velocidad impresionante (caso de Madre de Dios donde se está afectando severamente la reserva del Tambopata). Son capaces de movilizar gente y hasta tienen representantes en el Congreso (Armando Romero “el comeoro”). Por ello resulta dudoso calificar esta actividad ilegal como producto de la pobreza de sus actores, ya que como ejemplo se tiene el caso de Ayacucho, donde la Asociación de Mineros Informales de Luicho, que invadieron los terrenos de una comunidad campesina, no se contenta con 20 hectáreas, sino reclama 250 hectáreas (que más prueba que ésta para ver que tienen recursos económicos). Cosa injusta en el Perú donde las familias campesinas, que sí son pobres y no tiene posibilidad de llevarse un pan a la boca, son despojadas de sus pocas tierras y la posibilidad de sobrevivir, por parte de la gran minería formal y de la minería informal, con el aval del Estado.

La minería informal que además de generar un daño ambiental, pues no es como dice el recientemente designado Comisionado para la Paz en Ayacucho, que esta actividad no produce daño ambiental, ya que esta explotación se da sin el uso de químicos y en la superficie (falta de conocimiento y debería informase que; los minerales no está para recogerlos así no más, sino que requiere de un proceso más complicado y para conseguir la pureza del mineral y elevar el costo, es necesario el uso de sustancias químicas, el uso del agua y claro la deforestación, la destrucción del medio ambiente, la contaminación del aire etc.), esta actividad produce un grave daño al fisco. Pese a que algunos  minero informales en La Pampa, Madre de Dios, refieren que pagan un impuesto del 1.5%  por la venta de oro, lo cierto es que la gran mayoría, por no decir todos, no pagan el impuesto que corresponde. No tienen estudios de impacto ambiental, no tienen Planes de Manejo Ambiental, Programas de Adecuación y Manejo Ambiental. Dirán bajo el eufemismo de llamarse “minería artesanal”,  que no tienen la capacidad económica de hacer dicho estudios, y así una vez más en el Perú, las leyes están de adorno y bajo la excusa de la pobreza, la incapacidad y la necesidad, se puede destruir lo poco que queda de los recursos naturales y el medio ambiente.  

La gestión de los conflictos socioambientales requiere de un trabajo más integral, y no de un negociado de hectáreas de tierras, concesiones o el reparto de utilidades, ya que sus componentes son varios y sus consecuencias mayores. Una mesa de diálogo no debe ser un calmante al dolor de cabeza pasajero, sino una forma de coadyuvar y analizar la problemática en su real dimensión. Más vale invertir mayor tiempo en el diálogo (que parte del cumplimiento de la ley) a fin de llegar a un acuerdo sostenible, que apurar la marcha y suscribir un acta que mañana no se ha de respetar. Asimismo se debe declarar la situación de emergencia la minería informal, a fin de que ésta pase a la formalidad y se le exija los mismos requisitos, ya que la protección del medio ambiente y la seguridad alimentaria no discrimina entre gran minería o minería informal, ambas producen los mismos efectos. Por otro lado se debe promulgar la ley que declare la caducidad de las concesiones mineras que no estén en uso, ya que este es el problema del latifundismo minero en el Perú. Finalmente exhortamos a que las instituciones del Estado realicen todo el esfuerzo posible a fin de que el cumplimiento de la orden judicial de desalojo, este 18 de noviembre, de los 1500 mineros informales que invadieron las tierras de la comunidad campesina de Pomacocha, del Distrito de Colta, Provincia del Paucar del Sara Sara, en Ayacucho, se realicen sin violación de los derechos humanos y fundamentales. Negociar con personas que han violado la ley y que amenazan con el uso de la violencia, pone en serio riesgo la estabilidad jurídica del país y de la región, ya que no se trata de terrenos para vivienda, sino para actividad minera fuera del orden legal. Este es otro detalle que los integrantes de la mesa de diálogo deben tener en cuenta y no estar avalando situaciones de ilegalidad y promoviendo la negociación de lo innegociable. El principal deber es proteger la vida y la salud de las personas, por ello es responsabilidad de todas las instituciones coadyuvar a éste proceso y no se dé el caso de que unas apoyen una negociación y otras pretende hacer cumplir la ley.

Europa atraviesa hoy una de sus crisis más profundas, que ha de tener sus
consecuencias en el resto de países del mundo, toda vez que la Unión Europea,
representan un actor importante,  el mismo que se basa en la cooperación dentro de la diversidad. Lo que viene ocurriendo en Grecia y las recientes crisis han demostrado que la Unión Europea no es cooperación, sino imposición dentro de la diversidad, con actores poderosos como es Alemania (el país con más alto crecimiento en la unión),
seguido por Francia e Inglaterra (que no participa de la unión monetaria),
quienes en  un inicio no cumplieron con las reglas básicas de balance económico y financiero en la unión (un déficit no menor del 3%), e hicieron todo lo posible por impedir ser castigados en su oportunidad, hoy levanta el dedo acusador y sin piedad, condenan a Grecia a privatizarse y despojarse de todos sus recursos, incluso se siente aliviados cuando se cambia al Primer Ministro Griego, que tenía por objetivo el someter a un referéndum el paquete de salvataje propuesto por la Unión Europea, ya que pretendía poner en primer lugar el interés de un pueblo antes que el de  los mercados, situación que fue descartada por presión de la Unión Europea. Esa misma unión que se sustenta en la libertad y los derechos humanos y fundamentales, pero cuando se trata de proteger el mercado, los bancos y el mundo financiero, es capaz de negarle el derecho a un pueblo de decir su palabra, y los reducen a ser objetos de poder . En el hipotético caso que Grecia decía un no a la Unión monetaria del Euro, los efectos en cadena no se hubieran hecho esperar, ya que hay mucho países en  lista de espera, con economías que no pueden tener el mismo nivel que el de  Alemania o Inglaterra.

Es el prestigio político de mantener la unión a cualquier precio, el que
lleva a adoptar y aceptar medidas, que no hace sino alargar el sufrimiento de
una muerte anunciada. Pues la unión resulta ser imposición, y en nombre de la
democracia y el desarrollo económico se impone un modelo, que sólo beneficia al
mercado y el mundo de los bancos, de esos mismos bancos y mercados que  gritan libertad, ya que según su ideología sólo un mercado libre y autorregulado nos puede llevar al progreso y la felicidad. Pero la realidad nos muestra la verdadera cara de estos bancos y mercados, que a la menor crisis meten sus garras en los recursos del Estado (impuestos) a fin de que se salve sólo ellos, y dejen a los pueblos en
situaciones mucho perores. A tanto llega la maldad de estos bancos y mercados
que sus jefes y directores se llevan bonos de productividad por despedir
personal y darle mayor utilidad a los accionistas. Hoy en día hacer empresa ya
no es generar trabajo, sino quitárselo a los que tiene, pues lo más importante
es el directorio o el jefe, quienes deben llevarse, conjuntamente con los
accionistas, las más grandes utilidades. Ya los ministros de finanzas de la
Unión Europea advirtieron de éste problema y prohibieron el uso de paquetes de
salvataje en favor de los bancos, en el pago de bonos de producción. Pero el
problema continua, un ejemplo reciente es en Suecia, el Banco Nordea compra un
departamento lujoso valorizado en más de 4 millones de USD, y bono de pensión
de más de 13 millones de USD para su director, al mismo tiempo que se hace el
anuncio de que 2 mill personas perderá su trabajo en el banco antes de fin de
año. Con mucha razón dice Eduardo Galeano, que el mercado ha cambiado de ser un
lugar, donde la gente hablaba y compartía la alegría de vivir juntos, en un
monstruo que se devora todo a su paso. Es cierto que no todo es malo con el
mercado o los bancos, pues son males necesarios, pero lo que si esta
demostrados es que no funcionan autorregulados, ya que no todos los que
participan en el mercado y los bancos tiene las misma posibilidades de ejercer
el poder de la influencia. De allí que se requiere de un Estado regulador y
fuerte, que si promueva la inversión pero que respete, proteja y garantice los
derechos humanos y fundamentales.

Las crisis también permite conocer mejor a los pueblos, y de la experiencia
de estas últimas crisis tenemos a un pueblo inglés, cuyos sindicatos reclaman
que el trabajo sea sólo para los ingleses, y que los franceses convence a su
gobierno traer la fabrica de autos Opel desde un lugar de África a Francia,
pues el trabajo son para los francés. No en vano se tiene un gran auge de los
movimientos y partidos de extrema derecha y xenofóbicos en Suecia, Holanda, Austria, entre otros, ya que la inmigración representa una amenaza a sus intereses. Un pueblo europeo que subvenciona su agricultura y ganadería, dañando a los
agricultores y ganaderos de los países en vías de desarrollo. Un pueblo europeo
que consume sólo el filete de pollo y envía el resto en grandes congeladoras al
África, donde a su vez se mata al mercado local. Un pueblo europeo que enarbola
la libertad y la diversidad, pero que no la acepta cuando ésta afecta a sus
bancos y mercados.

Ahora se viven las revoluciones de la democracia en el mundo árabe, una
revolución auspiciada por USA y al Unión Europea, pero veamos los resultados.
Un Afganistán en guerra y caos, donde el 2014 dejarán el país la fuerzas de
coalición, sin haber pacificado el país y con presencia importante de los
talibanes. Un Iraq con un parlamento y gobierno ubicado entre cercos metálicos
y guardias de protección la 24 horas del día (en la zona verde), y ahora es el
turno de Libia. No podemos negar los procesos de liberación de gobiernos
dictatoriales y asesinos, son un gran avance, pero cuando estos procesos de
democracia dejan de ser genuinos, y se convierten en imposiciones de quienes
dictan la política internacional, deja la democracia de ser un proceso y se
convierte en un modelo impuesto que será insostenible.

No se diga que las crisis de la economía y la democracia son el preludio de
la muerte del capitalismo, sino son un proceso de cambio, que con mayor
influencia del Estado y la sociedad se puede lograr mejores resultados. Pues la
historia no nos da muchas alternativas, con un comunismo y socialismo que ha
generado violaciones masivas de derechos humanos, mafias y dictaduras, sino
veamos a lo que dejó la ex URSS; millonarios en base a los recursos del Estado,
y veamos lo que pasa con China, una nueva potencia en el mundo, con ricos que
pueden comprar Volvo y otras grandes empresas en el mundo,¿ Y no que todos
trabajan y reciben de acuerdo a su trabajo?, pues hoy China es un país con más
desigualdad y que si las grandes empresas ha movido sus fábricas a éste país,
es por lo barato que resulta la mano de obra (en situaciones de explotación)
hecho que hubiera vuelto a matar al camarada Mao.

Las crisis de democracia y economía no es ajena a ningún país. De allí que
para el caso del Perú es importante establecer un Estado sólido, que implique la
inclusión de la sociedad como actores y no como objetos de poder, que regule un
mercado, lo cual no significa estatizarlo, pero que si el Estado tengan un rol
importante de vigilancia y garantía de los derechos humanos y fundamentales. Si
el libre mercado y la autorregulación no funciona en países y contextos que nos
llevan muchos años de adelanto, es ilusorio pensar que las mismas empresas y
bancos en el Perú, tiene la capacidad de autorregularse. Ese sueño del libre
mercado resulta una pesadilla para la poblaciones desarrolladas y en vías de
desarrollo.